El desmantelamiento del Sistema
Público de Servicios Sociales de Castilla la Mancha viene produciéndose en los últimos años,
favorecido por políticas de escasez en inversión pública para su mantenimiento.
A ello, a contribuido una legislación
vacía de contenido, unas políticas sociales implantadas a base de calendario
político y una organización estructural del sistema en torno a un complejo
sistema de convenios con administraciones locales, entidades privadas, empresas
y bancos, basados en subvenciones públicas que sin duda favorece la rápida
desintegración del Sistema y el mantenimiento en los años precedentes de
condiciones desfavorables e incluso ilegales de los trabajadores y trabajadoras
que componían y componen dicho sistema.
Cabe reflexionar sobre dichos
antecedentes para valorar la responsabilidad de los diferentes gobiernos y
comprender los acontecimientos que se vienen desarrollando en nuestra comunidad
en los últimos meses en torno al desmantelamiento del Sistema Público de
Servicios Sociales.
Por ello, se debe señalar como ya en
2007, la Ley 39/2006
de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, abría la puerta a la limitación de los
servicios sociales a personas en situación de dependencia, poniendo en claro
riesgo la atención a personas y familias con autonomía pero con necesidad de
apoyo en determinados aspectos de la vida diaria favoreciendo la permanencia en
el entorno y dotando de habilidades y recursos a los propios beneficiarios.
Si bien, por el contrario y desde la
entrada en vigor de dicha Ley, se ha ido modificando el Sistema de atención
básica, creando un sistema de atención paralelo; el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD),
cuyo requisito previo de acceso es la valoración de “persona dependiente” y
cuya fortalecimiento ha provocado la reducción de prestaciones básicas
ofrecidas a la ciudadanía que no se engloba dentro del marcado y limitado baremo
de acceso a dicho sistema.
Por todo ello, ante de comenzar a
hacer un análisis exhaustivo de la situación actual del Sistema Público de
Servicios Sociales en CLM, insistimos en la necesidad de abordar los recortes
en recursos, prestaciones y derechos que se han venido produciendo en los
últimos años.
Así, podemos señalar que:
Ø
Desde
2010 se viene produciendo retrasos en el pago de ayudas económicas individuales
ante situaciones de emergencia social (destinadas a cubrir necesidades básicas
de alimentación y vestido), o de apoyo a personas mayores, y personas
discapacitadas.
Así mismo, y al tiempo, se
eliminaban ayudas económicas de carácter individual como son las ayudas de
eliminación de barreras arquitectónicas.
Ø
Las
prestaciones económicas destinadas para cuidados en el entorno familiar a
personas que se encuentran en situación de dependencia, sufren retrasos en el
pago desde 2010.
Ø
En
los últimos años, en el Servicio de Ayuda a Domicilio se ha mantenido bajo
cotas de precariedad a través de convenios anuales prorrogables con entidades
locales y privadas en los que se mantenía la inestabilidad laboral y precaria
de los propios trabajadores del servicio y se generaba desigualdad territorial
en la atención a los/las beneficiarias debido a la falta de una línea
generalizada de organización del servicio a nivel legislativo.
A su
vez, desde 2010 existían dificultades para ampliar dichos convenios, lo que
generaba que personas cuyo derecho a la prestación se encontraba reconocido,
tuvieran que esperar hasta 12 meses para poder ser beneficiarias de la
prestación.
Ø
Destacar
que al tiempo que se ampliaba el Sistema de protección de Servicios Sociales
con nuevas ayudas y recursos aumentando así la carta de prestaciones sociales,
las dotaciones presupuestarias para el mantenimiento de los mismos no se adaptaba a las necesidades,
por lo que en, demasiadas, ocasiones, dichas prestaciones básicas han sido y continúan
siendo prestadas de forma precaria por lo profesionales, llegando incluso a
atender a la ciudadanía en los propios coches oficiales en las plazas del
pueblo debido a la falta de equipamientos adecuados, hecho que se viene agravando
desde que en 2011 el gobierno regional decidiera no aprobar convocatoria de
subvenciones a entidades locales para equipamiento y mantenimiento de Centros
Sociales.
Y a todas estas situaciones, hemos de
añadir el discurso demagógico que se ha venido proclamando desde el gobierno
regional a partir de Mayo de 2011
a través del cual, mientras en los medios de
comunicación se manifiesta el deseo de mantener, mejorar y reforzar el sistema
de protección social de servicios sociales; por el contrario, a nivel
administrativo y organizativo, se recorta en recursos y prestaciones; se mantiene
la situación de impagos de convenios y subvenciones generando así el
desmantelamiento progresivo del sistema público bajo la sospecha fundamentada y
comprobada de la posterior privatización de los recursos; mientras que se deja
de lado a los técnicos que componen el sistema sin instrucciones ni informaciones
para poder abordar las demandas de la ciudadanía.
Así, desde la aprobación del mal
llamado “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos” hemos asistido a
la destrucción acelerada del Sistema Público de Servicios Sociales, y que se
traduce en los siguientes datos:
Ø
Se
ha visto paralizada la aplicación de la
Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en su aplicación para
las personas reconocidas un Grado 1 de dependencia hasta 2013.
Ø
Desde
hace más de 6 meses las familias numerosas no perciben ayuda económica y se ha
eliminado la ayuda al transporte para este colectivo.
Ø
El
servicio de ayuda a domicilio prestado a personas que no se encuentran en
situación de de dependencia, se ha visto reducido en un 47% en 2012.
Ø
Han
desaparecido los Servicios de Atención y Mediación Intercultural en toda la
provincia, lo que ha supuesto el despido de 17 profesionales.
Ø
La JCCM ha destruido la figura profesional
del Animador Sociocomunitario provocando el despido de 18 profesionales.
Ø
En
la actualidad, tres áreas de Servicios Sociales no han firmado el convenio con la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales para la prestación de los Servicios Sociales de Atención
primaria, lo que merma la atención a la población y supone el despido de 13
profesionales.
Así mismo, existen otras
áreas en las que los profesionales continúan trabajando sin percibir
retribución alguna a falta del pago de convenio de 2011 y el desconocimiento de
la cuantía aprobada al respecto para 2012.
Ø
Centros
de la Mujer:
o
Se
han reducido 21 profesionales de los diferentes centros. En todos ellos se ha
eliminado la figura profesional del trabajador social y se han reducido las
jornadas laborales a 32 horas.
o
La
casa de acogida para víctimas de violencia de género ha visto reducido su
personal en una educadora, de las cinco que había en 2011.
Ø
Numerosas
entidades privadas, asociaciones y entidades locales no han percibido las
subvenciones de 2011 ni de 2012, lo que está poniendo en riesgo numerosos
recursos y proyectos de protección, como son: viviendas tuteladas para mayores,
centros de día, viviendas y recursos para personas en discapacitadas, comidas a
domicilio, ludotecas, etc.
Así mismo, estos impagos
han producido numerosos despidos e impagos a trabajadores y trabajadoras.
Ø
Este
Plan, modifica la Ley
14/2010 de Servicios Sociales de CLM en los siguientes aspectos:
o
Introduce
el copago en el Servicio de Teleasistencia
o
Limita
el transporte adaptado en estancias diurnas y nocturnas a aquellas personas que
vivan solas y no tengan familiares que puedan ayudarlas.
o
Al
modificarse el artículo 40 de la
Ley, se da paso a la privatización a través de la gestión
indirecta de prestaciones básicas del sistema.
Por todo ello, los profesionales de
Servicios Sociales nos encontramos en la obligación de dar a conocer y
denunciar la actual situación que está generando graves desigualdades sociales
y desprotección de la ciudadanía de Castilla la Mancha.
Con las modificaciones de la Relación de
Puestos de Trabajo (RTP) de la Consejería de Salud y Asuntos Sociales para la
Dirección General de Personas Mayores, con Discapacidad o en Situación de
Dependencia del 24/07/12 y del 20/08/12, se suprimen un total de 93 plazas en la
Región, 10 de ellas en la provincia de Cuenca. Por categorías son: 11
Psicólogos, 46 Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales, 13 Trabajadores
Sociales, 12 Educadores Sociales y 11 Auxiliares Administrativos.
