Reproducimos aquí un artículo de Santiago Langreo y el Observatorio de la Escuela Rural de Castilla-La Mancha, publicado en Voces de Cuenca el 15 de julio de 2012. Recordemos que 3 escuelas con 11 alumnos cerrarán el próximo curso: Cañada del Hoyo, Puente de Vadillos y Castillo de Garcimuñoz.
Por Santiago Langreo
Esta semana hemos conocido por la prensa la solución final para 29 de las 36 escuelas rurales que iban a ser cerradas. Estos 29 pueblos cambiarán la alegría de la escuela por el silencio trabado de un motor que se aleja con los niños transportados.
De nada han servido para ellas las cartas y los encierros, la razón del convencimiento, el esfuerzo en la búsqueda de una matrícula suficiente que les diera un año más. De nada ha servido la Ley y el Derecho de un Estado que en su Constitución, en su artículo 27, deja explícito el derecho de todos a la educación y, en su punto 5, la obligación de las administraciones públicas a ofrecer este servicio mediante la participación de todos los sectores afectados, los padres entre ellos, y la ”creación” de centros educativos, no supresión ni eliminación.
De nada ha servido la particularidad de la escuela rural defendida en el artículo 82 de la LOE, que ordena a la Administración a disponer de cuantos recursos sea necesario para garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado escolarizado en el medio rural. De poco valen las leyes cuando no se aplican, o peor, cuando no se aplican por igual a todos.
De nada ha servido otro de los principios amparados por nuestra Constitución, y refrendado por sobrada normativa y jurisprudencia, como es el principio de no discriminación, el cual obliga a la administración y a los administradores a ser garantes en la aplicación de la norma y sus decisiones, para no perjudicar a los ciudadanos por alguna razón que signifique discriminación, sea por nacimiento, raza, ideología, o lugar de residencia.
La Administración educativa ha manifestado la decisión de cerrar las escuelas unitarias con menos de 11 alumnos, criterio que aunque no compartido, por excesivo, es un criterio válido para evitar caer en la arbitrariedad, y por tanto, en la injusticia. Sin embargo, este criterio cuantitativo y objetivo que ha servido para mantener abiertas a unas escuelas, como las de Fuentelespino de Haro o Albalate de las Nogueras, que han conseguido esa matrícula salvadora, parece no ser suficiente para otras, como las de Cañada del Hoyo, Castillo de Garcimuñoz o Puente de Vadillos. Desde el Observatorio tenemos las pruebas suficientes para afirmar que, de continuar con esta decisión, la Administración educativa estará actuando de forma discriminatoria, no ajustada a criterio, y por tanto tomando decisiones a sabiendas de que son injustas. Si teniendo dos escuelas 11 alumnos matriculados para el curso 2012-13, cierras una y mantienes abierta la otra, estamos ante una transgresión del estado de derecho, ante una injusticia que enerva las conciencias y rompe las dignidades de los colectivos. Más aún cuando esto atañe a la educación de nuestros hijos e hijas. Recuerden señores de la Administración que de un trato injusto sobre las personas ha surgido la rebelión de los pueblos. Y la Justicia no es un papel firmado en un decreto, es una sensación personal y colectiva que asienta la convivencia en los pueblos.
Aún están ustedes a tiempo. Ustedes gobiernan, háganlo bien.
